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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) respalda el comunicado emitido por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) donde “rechaza, una vez más, de manera contundente el comportamiento de algunas personas acreditadas en el Congreso, que continúan alterando o impidiendo el funcionamiento normal de las ruedas de prensa de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, y que distorsionan el derecho a recabar y trasmitir información veraz”.

Desde la FAPE volvemos a condenar este tipo de actitudes, como ya hemos hecho reiteradamente, y esperamos que se tomen medidas, como está previsto, cuanto antes. No es admisible que activistas políticos utilicen una acreditación de prensa para torpedear el trabajo de los periodistas que cumplen con el derecho de la información que se les exige por los ciudadanos. La Federación también destaca la ausencia del PP en la condena y lamenta que no se sumen todos los grupos parlamentarios a la misma.

En su comunicado la APP informa de que “una mayoría de periodistas parlamentarios presentes en la Cámara Baja ha decidido no asistir a las ruedas de prensa convocadas hoy, como forma de manifestar su disgusto y consternación ante la citada actitud que se viene produciendo en los últimos meses. Ese comportamiento dificulta el trabajo de los y las profesionales de la información al tiempo que perturba el clima de respeto que debe presidir la necesaria relación con los políticos. Esa actitud repercute directa y negativamente en el derecho constitucional a la información que tiene la ciudadanía”.

Frente a estas actitudes, la APP declara en su texto:

“Su firme propósito de seguir desarrollando el trabajo informativo con respeto a la deontología profesional, con independencia de la ideología personal y la línea editorial de cada medio. Su rotundo rechazo a quienes amenazan, insultan y señalan en las redes sociales a los y las periodistas que reclaman que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento. Reiteramos la necesidad de que las Mesas del Congreso y el Senado tramiten con la máxima urgencia la proposición de ley de reforma del Reglamento de la Cámara Baja, que han firmado la mayoría de los grupos parlamentarios. En ella se establecen las medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”.

La APP recuerda que su continua interlocución con todos los grupos parlamentarios se ha traducido en la citada propuesta para establecer normas de convivencia y garantizar el trabajo de las y los profesionales de la información acreditados en el Congreso. El texto recoge, por primera vez, unas reglas para desarrollar nuestro trabajo en función de criterios deontológicos y de respeto. La proposición de reforma del Reglamento de la Cámara incluye, además, la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, del que formaremos parte tanto la APP como la FAPE.

Nota añadida de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Oviedo que es la misma que la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Asturias:

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas, a la que pertenece el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias, envió, el pasado noviembre, a todos los grupos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y a sus respectivos responsables de prensa, el documento denominado Reglamento de Uso y Código de Buenas Prácticas para el otorgamiento de Credenciales de Prensa en las Cortes Generales. (Senado, Congreso de los Diputados y otras dependencias.), en el que se ha basado esencialmente la proposición de reforma del Reglamenteo de la Cámara Baja. Dicho documento ha sido elaborado por el órgano colegial asturiano para la agrupación nacional de colegios, a la que pertenece, y ha supuesto un antes y un después en las reclamaciones de los periodistas y profesionales por lo que tiene de toma de conciencia, años después, tanto por parte de los grupos parlamentarios como de los propios órganos del Congreso, Mesa de la Cámara, Junta de Portavoces y Diputación Permanente.